La presidenta de la República, Laura Fernández, presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad, endurecer las sanciones contra delincuentes reincidentes y dotar de nuevas herramientas a los cuerpos policiales y al sistema judicial.
Uno de los proyectos es la denominada Ley Gerson Rosales, que busca fortalecer la protección integral de los cuerpos policiales. La propuesta amplía las condiciones de legítima defensa para los oficiales y establece restricciones para el otorgamiento de beneficios a quienes atenten contra policías. Según Fernández, no es posible que los agentes deban enfrentar extensos procesos judiciales cuando actúan para proteger su vida.
La segunda iniciativa corresponde a la Ley para combatir las asociaciones criminales, que pretende sancionar con penas de entre uno y seis años de prisión a quienes formen parte de estructuras delictivas. La mandataria aseguró que estas organizaciones operan con niveles de coordinación similares a los de una empresa y que el país necesita herramientas legales para perseguirlas de forma más efectiva.
El tercer proyecto, denominado Ley de mano firme contra la reincidencia, busca facilitar la aplicación de prisión preventiva para personas reincidentes. Durante la presentación, Fernández afirmó que el Gobierno está del lado de las víctimas y sostuvo que “tiene que acabarse la alcahuetería con los criminales reincidentes”.
Otra de las propuestas es la Ley Cero Ocio en las Cárceles, que pretende que las personas privadas de libertad desarrollen actividades productivas durante su permanencia en prisión. El plan contempla que los ingresos generados se distribuyan entre el sostenimiento del sistema penitenciario, las familias de las víctimas, los familiares del privado de libertad y una cuenta de ahorro para el recluso. “No queremos vagos en las cárceles”, manifestó la presidenta.
La quinta iniciativa es la Ley contra pistas de aterrizaje clandestinas, orientada a fortalecer el combate al narcotráfico mediante la eliminación de estas estructuras ilegales y el decomiso de maquinaria, aeronaves, vehículos y equipos utilizados para su construcción y funcionamiento.
Finalmente, el Gobierno presentó la Ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales, que propone modificar el manejo de los antecedentes penales. La iniciativa plantea que, para efectos laborales, los registros se mantengan durante 15 años después de cumplida la condena. Sin embargo, para fines policiales, investigativos, judiciales y para la valoración de beneficios penitenciarios, los antecedentes no serían eliminados.
Las seis iniciativas iniciarán ahora su trámite legislativo, donde deberán ser discutidas por los diputados antes de una eventual aprobación.
