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La diputada independiente Johana Obando explicó que su medida cautelar busca proteger el acceso a servicios públicos de consulta tributaria y no beneficiar a incumplidores, en medio de críticas.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica emitió una medida cautelar ordenando al Ministerio de Hacienda detener la desactivación del sistema ATV (Administración Tributaria Virtual), planificado para migrar a TRIBU-CR. Johanna Obando, diputada independiente, presentó una medida cautelar que ha detenido temporalmente la implementación del sistema.
Hacienda afirmó que esta suspensión afecta su capacidad para mantener control fiscal y advierte que la decisión beneficia a morosos o evasores fiscales al impedir migrar a la nueva plataforma.
La diputada salió al paso de las afirmaciones hechas por el Ministerio de Hacienda, que señaló que su acción legal beneficiaba a los incumplidores de impuestos. En un comunicado, Obando explicó que el objetivo real de la medida cautelar que frenó la suspensión del sistema de consulta tributaria fue garantizar que las personas pudieran continuar verificando si están al día con sus obligaciones fiscales.
“Es totalmente falso que esta medida beneficia a los incumplidores. Más bien protege a quienes utilizan los servicios del Ministerio de Hacienda, que son esenciales para trámites de todo tipo”, enfatizó Obando en el comunicado. Además, aseguró que el Ministerio debe cumplir con el artículo 18 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que obliga a mantener una consulta pública en línea para que los contribuyentes conozcan su situación fiscal.
Diputada denuncia falta de comunicación y deficiencias en Hacienda
Obando también denunció que, desde su despacho, se intentó dialogar con el Ministerio de Hacienda para evitar el conflicto, pero no recibieron respuesta. “Desde el 4 de julio enviamos un oficio advirtiendo sobre el problema y nunca obtuvimos respuesta. Parece que Hacienda no priorizó los derechos y necesidades de los usuarios”, dijo.
El Tribunal Contencioso Administrativo deberá decidir si confirma o revoca la medida cautelar. Dependiendo del fallo, el ministerio reactivaría o no la implementación.
