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Jesús Ramírez Quirós, magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, se retirará el próximo 11 de marzo tras 40 años en el cargo y más de seis décadas en el Poder Judicial. Su extensa trayectoria comenzó en 1962 como conserje y lo llevó a ocupar uno de los puestos más altos del sistema judicial costarricense.
Durante su carrera, Ramírez ascendió en la jerarquía judicial, desempeñándose como escribiente, alcalde civil, penal y de trabajo, y secretario de la sala penal. En 1977 fue nombrado juez y, solo ocho años después, en 1985, llegó a la Corte Suprema, donde fue reelecto en cinco periodos consecutivos, gracias a la falta de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa para bloquear su continuidad.
La Constitución establece que los magistrados son elegidos por periodos de ocho años, con posibilidad de reelección automática, salvo que al menos 38 diputados voten en contra. En el caso de Ramírez, esta objeción nunca se concretó, permitiéndole mantenerse en el cargo por cuatro décadas, una de las trayectorias más prolongadas en la historia judicial del país.
Con una carrera tan extensa, su jubilación ha generado debate, especialmente en un contexto donde las pensiones de lujo son tema de discusión nacional. Según información extraoficial obtenida por Noticias Trivisión, Ramírez recibiría una pensión mensual superior a los 15 millones de colones, lo que equivale a más de 195 millones de colones anuales, incluyendo el aguinaldo.
Además de su pensión, se estima que el monto de sus prestaciones supera los 300 millones de colones, una cifra que ha causado indignación en la opinión pública. Noticias Trivisión intentó confirmar estos montos con la Oficina de Comunicación del Poder Judicial, que informó que la consulta está en trámite y que la Oficina de Talento Humano aún no ha finalizado el cálculo oficial de los beneficios.
Al cierre de esta edición, no se ha recibido respuesta oficial, pero es prácticamente un hecho que Ramírez se retirará con una millonaria compensación. Su salida, prevista para marzo, marca el fin de una era en la Corte Suprema y reabre el debate sobre la reelección automática de magistrados y la sostenibilidad del sistema de pensiones de lujo en Costa Rica.
