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El gobierno de Costa Rica enfrenta fuertes críticas por la contratación de una póliza de responsabilidad civil de 248 millones de colones, realizada por el Ministerio de Hacienda, para proteger a los altos funcionarios del gabinete de Rodrigo Chaves frente a posibles demandas. Diputados de diversas fracciones han expresado su rechazo a esta medida.
Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), mostró su descontento afirmando que «efectivamente es incorrecto que el gobierno y el ministro de Hacienda, junto con el Instituto Nacional de Seguros, se presten para esta póliza» ya que «no es para asegurar las acciones correctas que realiza el gobierno, sino que realmente es una póliza que lo que busca es que los ministros, el presidente, sus vicepresidentes puedan estar realizando acciones que probablemente no estén apegadas a la ley.»
Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), coincidió en que cada funcionario público «tiene que pagarse la póliza de responsabilidad civil de su propio dinero,» y señaló que esta medida podría motivar a los funcionarios a actuar sin responsabilidad. Según él, “lo que pretenden es algo nunca antes visto, porque es declarar básicamente que pueden hacer lo que quieran y que va a pasar absolutamente nada.” Pacheco también indicó que «si el Estado está pagando esta póliza, eso me parece que no corresponde,» y destacó que esto podría abrir una puerta para la impunidad.
Por otro lado, la diputada Pilar Cisneros defendió la póliza, argumentando que en otros países ya se implementa un seguro similar para respaldar a los funcionarios ante demandas derivadas de sus funciones públicas. Cisneros explicó que «esos funcionarios están tomando decisiones en función del bienestar público» y que «esta póliza la tienen muchos países en el mundo precisamente para defender a los funcionarios sobre las decisiones que toman.» Además, aseguró que “esta póliza no cubre el dolo ni la corrupción,» aclarando que si en un juicio se probara algún acto de corrupción, «usted paga con su plata, la póliza no lo va a cubrir.”
Finalmente, legisladores advirtieron que continuarán atentos a las revisiones de la Contraloría General, que ya ha señalado posibles ilegalidades en la adquisición de pólizas similares para funcionarios del gobierno.
