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Este 07 de abril, la Fiscalía General presentó este lunes una acusación en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el actual ministro de Cultura y Juventud, William Rodríguez Vives, por el delito de concusión, según el artículo 355 del Código Procesal Penal. Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años
“al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
“La pieza acusatoria fue entregada a la Secretaría General de la Corte Plena para su debido trámite, conforme al procedimiento especial de juzgamiento a miembros de Supremos Poderes”, indicó la Fiscalía. También se notificó a la Procuraduría General de la República para que determine si desea constituirse como querellante o actor civil.
Este caso involucra el expediente 25-000019-0033-PE, donde la Fiscalía investigó la contratación aparentemente a la medida de la empresa RMC La Productora S.A., para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y producción de mensajes para la Presidencia de la República en el período 2022-2026.
Según la Fiscalía, los acusados obligaron e indujeron al productor Christian Bulgarelli a otorgar un beneficio patrimonial indebido a Cruz Saravanja, asesor de campaña y amigo cercano del presidente, con $32,000 provenientes de un “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría” para la compra de una casa.
La acusación también señala que, antes de la contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elaborara los términos de referencia de su contrato.
En el caso de Bulgarelli, la Fiscalía aplicó un criterio de oportunidad, conforme al artículo 22 del Código Procesal Penal, por tratarse de un delito grave. El imputado se comprometió a colaborar eficazmente con el proceso para esclarecer los hechos y proporcionar información útil.
“Si la colaboración no resulta eficiente, continuaremos con la persecución penal”, declaró la Fiscalía.
El proceso continúa y se solicitará la suspensión de la acción penal hasta que exista una sentencia firme.
