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La filtración de un video que muestra al presidente de la República en un restaurante, el mismo día en que la Fiscalía General anunció una acusación formal contra él y Jorge Rodríguez por el presunto delito de concusión, ha desatado una tormenta política y mediática en Costa Rica.
La Fiscalía General presentó una acusación en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y el actual ministro de Cultura y Juventud, William Rodríguez Vives, por el delito de concusión, según el artículo 355 del Código Procesal Penal.
Este caso del expediente 25-000019-0033-PE es por la contratación aparentemente a la medida de la empresa RMC La Productora S.A., para prestar servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica y producción de mensajes para la Presidencia de la República en el período 2022-2026.
Según la Fiscalía, los acusados obligaron e indujeron al productor Christian Bulgarelli a otorgar un beneficio patrimonial indebido a Cruz Saravanja, asesor de campaña y amigo cercano del presidente, con $32,000 provenientes de un “Contrato marco de prestación de servicios de consultoría” para la compra de una casa.
En una entrevista exclusiva con Noticias Trivisión, el exjuez y abogado penalista Ewal Acuña calificó la situación como un claro ejemplo de lawfare, o guerra judicial.
“El objetivo es manipular la opinión pública, afectar la imagen del presidente e influir en el juicio mediático de la ciudadanía”, afirmó Acuña, quien además cuestionó la legalidad de la filtración. “Esa prueba estaba en manos exclusivas del Ministerio Público. Filtrar una evidencia en investigación es un delito”, agregó.
Acuña explicó que la figura del testigo de la corona, aplicada al empresario Bulgarelli para no acusarlo a cambio de su colaboración, es legal, pero controversial en el contexto costarricense. “Es una herramienta creada para combatir el crimen organizado, no necesariamente para casos políticos”, subrayó.
El exjuez también recordó antecedentes como el del expresidente Carlos Alvarado, cuyo caso por el escándalo de UPAD nunca avanzó por retrasos en el levantamiento de inmunidad. En este nuevo proceso, advierte, la rapidez o lentitud con que actúe la Corte Suprema de Justicia será clave.
“Estamos en una precampaña electoral sucia, sin reglas claras, y se está utilizando el aparato judicial como arma política”, dijo Acuña. Y concluyó con una advertencia: “Estas filtraciones no solo afectan al presidente, también erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas de Costa Rica”.
La denuncia presentada por el Ministerio Público, unida a la difusión del video, marca un antes y un después en el escenario político del país y plantea serias preguntas sobre la independencia de los poderes y la ética de las prácticas judiciales en Costa Rica.
