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diputado Luis Diego Vargas

Diputados proponen reforma a la Ley de Contratación Pública para agilizar obras

El diputado Luis Diego Vargas propone una reforma a la Ley de Contratación Pública para agilizar obras, reducir trabas y mejorar la eficiencia en la contratación del Estado.

El diputado Luis Diego Vargas, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, conversó con Noticias Trivisión sobre el proyecto de reforma a la Ley de Contratación Pública. Esta iniciativa busca corregir problemas detectados en la aplicación de la ley vigente desde diciembre de 2022.

Vargas explicó que la ley actual, aprobada en administraciones anteriores con apoyo de la Contraloría, presenta numerosos obstáculos que han dificultado la eficiencia en la contratación pública. Entre los principales problemas identificados están:

Procesos engorrosos y poco claros.
Multas y finiquitos mal definidos.
Falta de digitalización eficiente.
Riesgos financieros que alejan a las empresas de participar en licitaciones.

Un ejemplo de las complicaciones es la reciente licitación de $50 millones de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la que ninguna empresa participó debido a la complejidad del proceso.

El proyecto revisa aproximadamente 30 artículos de la ley para hacerla más clara y eficiente. El diputado destacó que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otros sectores han colaborado en la redacción de estas reformas.

Vargas mencionó en la entrevista para el periodista Javier Paniagua, que la iniciativa abarca todas las contrataciones públicas, desde infraestructura como carreteras y hospitales hasta servicios como software y limpieza institucional.

Vargas aclaró que esta reforma no está relacionada con la “Ley Jaguar” propuesta por el Ejecutivo. Mientras aquella buscaba cambios en la Contraloría, este proyecto se enfoca en mejorar la Ley de Contratación Pública para hacerla más clara y eficiente sin afectar el control fiscal.

El diputado insistió en que la ley actual tiene problemas de interpretación y burocracia excesiva, lo que retrasa proyectos y desmotiva la participación de empresas. La reforma busca transformar las interpretaciones ambiguas en reglas claras para facilitar la ejecución de contratos con el Estado.

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