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Un nuevo proyecto de ley, bajo el expediente 25.214, fue presentado este jueves en la Asamblea Legislativa con el objetivo de reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
La propuesta busca reducir los plazos de resolución en casos relacionados con empresas públicas que compiten en el mercado, evitando atrasos que impactan directamente su gestión administrativa y financiera.
La iniciativa pretende que la Contraloría se ajuste a los tiempos previstos en la Ley General de la Administración Pública y al Código Procesal Contencioso-Administrativo. En concreto, plantea que para empresas públicas en competencia la Contraloría deba resolver en 15 días hábiles.
Durante la presentación del proyecto, la diputada Ada Acuña Castro explicó que el caso del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) motivó la propuesta, pues estuvo varios meses sin poder concretar gestiones por un recurso en trámite en la Contraloría.
“Durante ocho meses se paralizaron todas las posibles ventas y compras de contratos que tenía el SINART. Aquí estuvimos casi ocho meses analizando el caso y mientras tanto no podía una empresa pública en competencia generar ninguna gestión administrativa, porque la Contraloría se tomó un plazo de casi 10 meses. Eso es precisamente lo que queremos corregir, que en un plazo de 15 días hábiles la CGR deba responderle a la empresa pública para no afectar ni sus finanzas ni la gestión de la administración pública”, señaló Acuña.
La propuesta también contempla que si la Contraloría no responde dentro de los plazos establecidos, se active el mecanismo de “silencio positivo”, y que los funcionarios que incumplan con esas fechas enfrenten sanciones disciplinarias.
Con esta reforma, los legisladores pretenden que la CGR mantenga su función de fiscalización, pero que no paralice las operaciones de empresas públicas que compiten en el mercado.
