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El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, enfrenta graves acusaciones tras la revelación de que contrató a su pareja sentimental dentro del Ministerio Público, lo que ha llevado a varios diputados a exigir su renuncia.
La diputada Pilar Cisneros Gallo criticó que Díaz omitió información sobre su relación y presentó hechos que violan la legalidad.
«Yo lo denuncié en un control político y en un TikTok hace más de una semana, donde se dice claramente por recomendación del fiscal Carlo Díaz. Así que está claritico. Lo que pasa es que siguen saliendo cositas. El viaje a Perú, él nunca dijo que él se fue oficialmente al viaje a Perú y que la novia iba en el mismo vuelo, regresó en el mismo vuelo para acompañarlo en el viaje a Perú. Y otras cositas más que irán saliendo. Entonces, lo que queda en evidencia es que el fiscal vino aquí a la Asamblea Legislativa a mentir, que le mintió a sus jefes y que omitió en la Corte decir que tenía una relación sentimental.
Y digamos que le vamos a dar el beneficio de la duda. Que su relación sentimental empezó en diciembre del 23. De diciembre del 23, ahora le ha renovado ocho veces el contrato a la novia, siendo novia. Y vamos a darle el beneficio de la duda de que cuando la ascendió de puesto y le cuadruplicó el salario, todavía no tenía una relación sentimental. Definitivamente hay que sacarlo, porque está absolutamente comprobado que favoreció a su novia, que intervino directamente para que la nombraran y que mintió descaradamente a sus jefes, es decir, a la Corte Plena, a los diputados y al país. Entonces, yo creo que ya no tiene ninguna opción.»
La diputada Ada Acuña afirmó también a Noticias Trivisión:
«Es preocupante, la verdad, porque es el fiscal general al cual nosotros tenemos… y respetando la separación de poderes, el respeto y la credibilidad que se merece. Es un puesto estratégico, es un puesto muy importante para el país y necesitamos la mayor honestidad, ética y moralidad posible en esto. Entonces, estos datos que están saliendo realmente dejan mucho que decir. Esperemos que se pueda analizar de fondo. Hemos mandado una carta a los diputados de la fracción oficialista con el respeto al señor presidente del Poder Judicial para que, de cara a estos hechos, pueda analizar y valorar si es viable una… una investigación dada la situación y datos que se dio en la Comisión de Ingreso y Gasto.»
Por su parte, la diputada Paola Nájera dijo:
«Muy lamentable que tengamos que llegar aquí, pero había que hacerlo. Había suficiente evidencia de que había una serie de acciones irregulares. Lastimosamente, ese actuar se mezcla con una serie de intereses politiqueros que hacen eco aquí en la Asamblea Legislativa y además le abren un espacio en una comisión que no tiene absolutamente nada que ver para que intenten al menos limpiar su nombre, porque aquí algo definitivamente no está bien y hay suficiente evidencia.
Porque las acciones que lleva a cabo el señor fiscal en esa comisión no están a la altura de un fiscal general. Definitivamente consideramos que ahí se están violentando sus deberes y no corresponde, repetimos, a las acciones que tiene que llevar un fiscal.»
El diputado Antonio Ortega, jefe de fracción de Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, también solicitó la renuncia del fiscal Carlo Díaz:
«Creo que evidentemente tiene que hacer una investigación a profundidad, pero él debe renunciar. Creo que el principio de la lucha contra la corrupción y contra los corruptos se está viendo manchado en este caso. También nos parece necesario que, por ejemplo, ante esta situación no se haga ningún obstáculo a la propia investigación. Puede dañar también la imagen del Ministerio Público y que le pide a los jefes de él, a los del Poder Judicial, también que reaccionen al respecto. Sí, obviamente esto daña la legitimidad de los poderes del Estado, puntualmente del Poder Judicial, y me parece que efectivamente lo que amerita es que él se haga a un lado, porque obviamente aquí se está poniendo en duda con hechos y pruebas muy contundentes que él faltó al deber de probidad que debemos de tener las y los funcionarios públicos.»
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) se unió a las demandas de renuncia, argumentando que su permanencia en el cargo perjudica la imagen del Ministerio Público. La situación plantea serias dudas sobre la integridad y transparencia del fiscal general, mientras se espera una respuesta formal de las autoridades competentes.
