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La Corte Suprema de Justicia pidió a la Asamblea Legislativa que tramite el levantamiento de la inmunidad del diputado oficialista Alexander Barrantes, acusado de ofrecer embajadas a cambio de votos.
Una acusación penal contra el diputado Alexander Barrantes Chacón, del Partido Progreso Social Democrático, se lleva a cabo y la Corte pidió a la Asamblea investigar penalmente a Barrantes por presuntamente ofrecer cargos públicos a cambio de apoyo político.
La solicitud se basó en una denuncia por el presunto delito de cohecho impropio, que es un delito que ocurre cuando un funcionario público acepta, solicita o recibe una dádiva, regalo, beneficio o promesa de retribución a cambio de realizar un acto propio de sus funciones, aunque ese acto no sea ilegal.
Según la acusación, el diputado habría ofrecido puestos públicos, incluyendo embajadas, a cambio del voto afirmativo de la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, para la aprobación del proyecto de los eurobonos en noviembre de 2022.
Guillén denunció públicamente el hecho y posteriormente presentó la acusación formal ante el Ministerio Público.
Barrantes rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de persecución política contra el oficialismo.
En entrevista con Noticias Trivisión, el diputado Barrantes aseguró que nunca ofreció beneficios indebidos y que todo se trató de negociaciones políticas legítimas dentro del marco parlamentario.
“Siempre hemos hecho todo con transparencia y con legítima claridad… rechazo de manera rotunda cualquier afirmación que se refiera a ofrecimientos”, dijo el legislador.
También agregó que aún no ha sido notificado formalmente de la acusación y manifestó su disposición a colaborar con el proceso judicial:
“Estoy dispuesto a que se haga cualquier investigación, estoy totalmente seguro del marco legal en que siempre he llevado mis actuaciones”.
El proceso ahora queda en manos de la Asamblea Legislativa, que deberá formar una comisión de tres diputaciones para estudiar la solicitud, escuchar la defensa de Barrantes y presentar un informe al plenario.
Para levantar la inmunidad del legislador, se requeriría el voto afirmativo de al menos 38 diputados.
Si se aprueba la solicitud, el caso pasaría a manos de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
Si no se aprueba, el proceso quedaría suspendido pero podría reanudarse cuando Barrantes deje su cargo.
“El país necesita saber la verdad… y lo que buscamos es que todo esto se maneje de forma clara, justa y sin fines políticos”, concluyó el diputado, reiterando que, a su criterio, se trata de un intento por desacreditar al oficialismo.
