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Diputada Sofía Guillén impulsa proyecto de ley para devolver el derecho a huelga en Costa Rica
La diputada del Frente Amplio presentó una iniciativa para revertir la ley “antihuelgas” del 2020, buscando restaurar el derecho a la protesta y la defensa de los derechos laborales.
En el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores, 1 de mayo, la diputada costarricense Sofía Guillén del partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley 24.691 con el que buscó restituir el derecho a huelga en Costa Rica. La iniciativa pretende revertir los efectos de la conocida ley “antihuelgas”, aprobada en 2020 durante el gobierno del presidente Carlos Alvarado, la cual ha sido fuertemente criticada por diversos sectores sociales y sindicales.
“Esa ley antihuelgas fue una venganza del poder en contra de las miles de personas que salieron a marchar contra la reforma fiscal en 2018”, afirmó Guillén en un comunicado, al señalar que la normativa vigente “amarró la protesta social” y favorece, según ella, al autoritarismo.
Cuatro cambios a la ley
Guillén explicó que el proyecto contempla cuatro cambios clave: obligar a los patronos a contar con medios electrónicos para notificaciones, permitir huelgas intermitentes en servicios esenciales bajo planes de contingencia, eliminar figuras como “servicios estratégicos” y “de importancia trascendental”, y mejorar los procedimientos como apelaciones y arbitrajes.
La diputada denunció que dichos conceptos “se inventaron de la manga para amarrar a los educadores e impedirles protestar”.
Un llamado a defender la democracia y la libertad de expresión en Costa Rica
Para la legisladora, este proyecto busca restaurar la democracia participativa y garantizar mecanismos de contrapeso reales. “Libertad para que el pueblo se exprese”, sentenció Guillén al defender la importancia de la protesta social como herramienta ciudadana.
El partido Frente Amplio busca reiterar su compromiso con los derechos laborales y señaló que la ley aprobada en el anterior periodo legislativo fue un retroceso que debe corregirse. Esta nueva propuesta promete encender un debate nacional sobre los límites entre orden público y libertad de expresión en el contexto laboral costarricense.
