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Corte Suprema pidió levantar inmunidad a Rodrigo Chaves y su ministro por caso de fondos del BCIE
Una resolución histórica traslada a la Asamblea Legislativa la decisión de juzgar al presidente por presunta corrupción.
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica solicitó este lunes 28 de julio a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, tras una acusación por presunto delito de concusión relacionada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La resolución de Corte Plena fue enviada oficialmente al Congreso junto con el expediente completo, en lo que constituye un hecho sin precedentes en la historia reciente del país.
Una decisión inédita en el país
El presidente Chaves fue señalado por supuestamente haber ejercido presión para que Christian Bulgarelli pagara $32.000 a su ex asesor y amigo personal, Federico Cruz, dinero que provenía de un contrato que Bulgarelli ganó con su empresa de comunicación, en un concurso realizado por el BCIE. Según el Ministerio Público, se configuraría el delito de concusión, penado con hasta ocho años de prisión.
“La decisión final queda en manos de los diputados”, indicó el comunicado del Poder Judicial. Para que proceda el juicio, se requieren al menos 38 votos en la Asamblea Legislativa, de acuerdo con lo que dicta la Constitución Política.
En paralelo, el ministro de Cultura también fue implicado en la causa, por lo que su inmunidad fue incluida en la misma solicitud.
Tensión entre poderes
El presidente de Costa Rica también mantiene abiertas otras investigaciones por supuesta beligerancia política, en las que ha sido señalado por atacar a partidos, prensa, jueces y fiscales desde actos oficiales.
La resolución llega en un contexto de creciente tensión entre los poderes del Estado, en las que el presidente Chaves afirma su interés en promover reformas estructurales si su partido logra mayoría legislativa en 2026.
El caso ha generado fuertes repercusiones tanto en el plano institucional como mediático. Grupos de oposición exigen transparencia, mientras sectores oficialistas acusan una persecución política.
Ahora los diputados deberán conformar una comisión para que estudie y abra el expediente en la Asamblea Legislativa, para emitir una recomendación que luego será votada en el plenario con todos los legisladores. De aprobarse el desafuero, la Sala Tercera de la Corte Suprema asumiría el caso.
