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La Contraloría de Costa Rica determinó que es improcedente gastar recursos públicos en alimentación de diputados, tras auditoría interna y consultas de legisladores.
La Contraloría General de la República concluyó que los recursos públicos no deben destinarse a cubrir alimentos y bebidas de los diputados de la Asamblea Legislativa, un gasto que alcanzaba los 86 millones de colones anuales. La decisión surge tras una denuncia de Noticias Trivisión y un análisis realizado por la Auditoría Interna del Congreso.
La revisión reveló que la Asamblea Legislativa invertía en vinos y otros insumos para actividades internas, lo que motivó la consulta de un diputado del PUSC sobre la legalidad del gasto. En palabras de la Contraloría:
“La Asamblea Legislativa es una institución pública con naturaleza excepcional, por lo que debe contar con regulación interna que establezca controles claros sobre el financiamiento de servicios de alimentación.”
El ente fiscalizador subrayó que, aunque existen beneficios de apoyo a los legisladores en torno a horarios extendidos de sesiones, la prestación de alimentos debe sujetarse a un reglamento específico que defina cómo, cuándo y para quién se ofrece el servicio.
Recomendaciones para la Asamblea Legislativa
La Contraloría instó al Directorio Legislativo a implementar un reglamento que establezca la fiscalización de los servicios de alimentación y garantice la ejecución de manera transparente. Según el informe:
“No se debe ofrecer alimentos de forma cotidiana sin metodología definida; cada servicio debe justificarse según la dinámica de las sesiones.”
Esta medida busca asegurar que los recursos públicos en Costa Rica se utilicen con responsabilidad y que cualquier beneficio a los legisladores cumpla con la normativa vigente. La Contraloría enfatizó que esta decisión no impide la operación de servicios de café o apoyo logístico, siempre y cuando se respete un reglamento interno claro.
Impacto y próximos pasos
El fallo genera un precedente para otros entes públicos en el país, reforzando la idea de control y transparencia en el manejo de fondos estatales. La Asamblea Legislativa deberá iniciar la revisión de sus procedimientos internos y presentar un reglamento que cumpla con las recomendaciones del ente contralor.
