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La clasificación confidencial del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado desató críticas de legisladores y expertos en Costa Rica, que piden transparencia en el presupuesto y la seguridad institucional.
La reciente declaratoria de confidencialidad sobre la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado en Costa Rica generó cuestionamientos entre diputados y especialistas en seguridad. El proyecto, dirigido por la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, fue catalogado como confidencial por motivos de seguridad institucional y prevención del delito, según documentos oficiales.
Protección de infraestructura crítica y seguridad ciudadana
El Viceministerio de Gestión Estratégica argumentó que la divulgación de planos, sistemas de vigilancia, rutas de ingreso y ubicación de torres de seguridad podría poner en riesgo tanto a los privados de libertad como a la ciudadanía.
Debate sobre transparencia
A pesar de los argumentos técnicos, legisladores expresaron su preocupación. La diputada Paulina Ramírez afirmó que:
“Nos sorprendió muchísimo la declaratoria de confidencialidad. Nunca se ha visto que una construcción penal se clasifique de esta manera, sobre todo en aspectos de presupuesto y licitación”.
Ramírez señaló en una entrevista para Trivisión que la falta de acceso a datos completos dificulta el análisis y la aprobación de recursos para el proyecto.
Equilibrio entre seguridad
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, destacó que la clasificación obedeció a la protección de procesos de contratación pública, la seguridad institucional y la prevención del delito. Asimismo, propuso la realización de sesiones técnicas reservadas para que los legisladores pudieran conocer detalles sin comprometer la seguridad del centro penitenciario.
El proyecto se mantuvo inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) en condición de perfil, mientras la discusión sobre transparencia y confidencialidad continuó en la Asamblea Legislativa.
La controversia refleja la tensión entre garantizar la seguridad nacional y mantener los estándares de fiscalización y control del gasto público en Costa Rica.
